Paula Reyes N.
“La muerte no puede ser digna. Digna, o decorosa, debe ser la vida”, fue una de las frases incluidas por Piergiorgio Welby, hombre tetrapléjico a causa de una distrofia muscular padecida desde su adolescencia, en una carta dirigida al actual presidente de Italia, Giorgio Napolitano, solicitando el derecho a terminar con su vida. Tras un intenso debate que se prolongó durante tres meses, finalmente logró su objetivo. El 20 de diciembre de 2006, y tras diez años postrado en una cama, incapaz de respirar por cuenta propia, fue sedado y desconectado por su doctor de cabecera, terminando al fin con su prolongado sufrimiento.
Actualmente, la muerte se ha transformado en un gran dilema ético, médico y filosófico, creando un intenso debate sobre las facultades humanas y el derecho del hombre para reclamarla cuando quiera – y no cuando la naturaleza o su reloj biológico lo establezcan-. Según el filósofo Víctor Méndez, el modo de entender la muerte se ha convertido “desde el hecho inevitable que era antes, en una especie de enfermedad contra la que hay que luchar y a la que se puede vencer” (Zúñiga 2008).
La muerte, en el contexto hospitalario, y desde el punto de vista de la ciencia, parece llegar más como el resultado de un fracaso técnico que como un acontecimiento que tiene un lugar determinado e inamovible dentro de un orden en la naturaleza. Junto con el avance científico, hemos alcanzado la capacidad de reemplazar órganos, de “devolver la vida” a pacientes en los que sus funciones vitales se han visto disminuidas, malogradas, o peligrosamente mortales. De esto se desprende la idea de que nuestra muerte depende, en gran forma, de la decisión del médico de aplicar o no algún tratamiento.
Del mismo modo en que existen quienes desean alargar su vida, hay otros quienes, a causa de enfermedades terminales, o padecimientos crónicos, desean acabar con ésta, dando fin a un sufrimiento inútil e insoportable.
En una sociedad como la nuestra, donde el valor supremo es la autonomía personal, se genera un gran contraste en la moralidad personal y la ley. La segunda no se preocupa de asuntos de moralidad personal ni de su cumplimiento, sino que da la posibilidad de abarcar un gran número de creencias, sin obtener una definición estricta de moralidad pública, ni de los valores esenciales en cual fundamentarse.
A raíz de esto, la ley no debiese influir en la decisión de quitarse o no la vida. Bajo diversas circunstancias puede considerarse un pecado, nunca un delito. Pretender que la despenalización de la asistencia al suicidio supondría nocivas consecuencias a la sociedad, es una creencias bastante improbable. Se necesitaría evidencia empírica para fundamentar este hecho.
Zúñiga, Alejandra. Derechos del paciente y Eutanasia en chile. Revista de derecho. 2008. Vol. XXI N° 22.
SCHLÜTER, Hanne Lore. Aspectos bioéticos y derechos humanos de la eutanasia.